CIE, ESPACIO POLICIAL

“Los CIES son espacios de impunidad policial”

                  (Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Aluche)

 

        Dicen que España es un estado de derecho pero continuamente nos demuestran que no lo es. Y los CIE son buen ejemplo de ello.

        Algunos de los que entraron, nunca salieron...

        No hay servicio médico permanente, no se hacen exámenes médicos antes de las deportaciones, no hay protocolo para el trato a las embarazadas, no se denuncian ni atienden las víctimas de trata, no hay traductores especializados... Sí hay vejaciones habituales, insultos, maltrato, falta de agua en algunos, como en Valencia, o hay que pagarla en la máquina expendedora, claro, si tienes recursos. Y así, podríamos dar muchos más ejemplos del trato inhumano que padecen los que conviven allí´.

             Hoy,  con el lema “Abramos las fronteras, cerremos los CIE”, hemos celebrado una manifestación contra los Centros de internamientos de inmigrantes,  como broche final a la jornadas convocadas por Caravana a Grecia (en breve, a nuestro sur), con el apoyo de numerosos colectivos sociales  para denunciar las lamentables condiciones en que se encuentran los internados en estos centros  y las sistemáticas violanciones de los derechos que sufren.

       La marcha comenzó en la Plaza de Aluche y finalizó frente al CIE, donde se leyó un manifiesto  denunciando que  “el racismo institucional que representan las políticas migratorias europeas” y la respuesta de los gobiernos europeos a la crisis de los refugiados que ha sido el cierre de fronteras que –recuerdan- ha causado la muerte de más de 25.000 personas desde el año 2000.

       Lugares donde no existe una transparencia en la gestión y donde no hay una atención social,  sanitaria y jurídica efectivas para personas sin delito, como repetimos continuamente, y cuya falta, administrativa en todo caso,  conlleva una privación de libertad en condiciones peores que en las cárceles.

       A día de hoy, no existe una normativa clara que establezca las pautas de su funcionamiento, y siguen estando regulados por una orden ministerial del año 1999. El anterior gobierno socialista empezó a redactar el reglamento que ahora ultima el ejecutivo actual. El texto continúa otorgando todas las competencias a la Dirección General de la Policía y es “más de lo mismo” para las organizaciones sociales. El borrador limita las visitas de familiares y ONG, impide las quejas directas a los jueces, no garantiza que haya intérpretes y prima las cuestiones de control y seguridad. “El cambio más grueso en el modelo de los CIE debería ser acabar con el régimen carcelario. Y para hacerlo habría que cambiar el modelo para que no fuera policial.

       La Defensora del Pueblo ya recomendó hace meses que, en el nuevo reglamento, la policía fuese destinada a supervisar la seguridad exterior de los centros, pero que la gestión de la vida cotidiana estuviera en manos de funcionarios especializados en servicios sociales.

      Un buen ejemplo que ayuda a entender qué sistema rige la vida de los internos en los CIE es el hecho de que a cada inmigrante se le asignada un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. “Ni en la cárcel ocurre eso. La explicación que dan es que sus apellidos son muy raros y esa no es una excusa", asegura Manzanedo.

“Es un ataque a su dignidad”.