VUELTAS DE TUERCA EN PROTECCION DE MENORES.

    Un policía de Mineapolis da muerte a George Floyd,  ciudadano negro, aplastándole el cuello con su rodilla hasta asfixiarlo. Y millones de personas de todo el mundo, con sobrada razón indignadas, se echaron a la calle reclamando justicia. 

    En España, en Almería, seis matones embrutecidos, que paradójicamente prestaban servicio en Protección de Menores, dieron (presuntamente) muerte por aplastamiento, a un muchacho de 18 años, Iliass Tahiri, asfixiándolo rodilla incluida como en Minesota, cuando lo tenían boca abajo, atado de pies y manos, absolutamente inmovilizado e indefenso. Y para mayor pasmo lo justifican diciendo que siguieron un protocolo antisuicidio “para impedir la violencia del interno contra sí mismo”. Evitan el suicidio matándolo. 

    En un centro gestionado por Ginso, una asociación que subrayan “sin ánimo de lucro”; a la que habían llovido ya denuncias y siguieron otros casos como el de Ramón Barrios, víctima en Madrid de similar “protección”; ¿qué otro ánimo debemos suponerle a tales fechorías si no es por afán de lucro? 

    Pero lo más preocupante es, que la Junta de Andalucía seleccione en concurso servidores de semejante calaña; que la juez de Purchena (Almería) se apresure a archivar el caso como algo “accidental”; que el forense, hable de “signos generales de asfixia muy evidentes” y se enmiende luego, como probable “fracaso cardiorrespiratorio”; que el consejero de justicia responsable de los centros de menores infractores nos recomiende, no la indignación que el caso requiere, sino “delicadeza”; o que al defensor del pueblo y defensor del menor no se le ocurra otra defensa, que recomendar la creación de un libro registro de incidencias ¿pretenderá que registren por escrito las presuntas torturas o pretenderá que acierten a excusarse mejor? 

    Los que no entendemos tal barbarie nos sentimos inclinados a pensar que todos ellos son insanamente proclives a eufemismos cómplices.

   Haciendo oídos sordos al clamor de un muchacho, Tarek, que relató cómo le torturaron durante tres horas y media; y oídos sordos al exjefe de seguridad, a quien le exigían firmar en falso que una inmovilidad había durado hora y media cuando había durado cuatro; y a los muchachos internos a quienes mintieron diciéndoles que Iliass había muerto por consumir cocaína; y a la Fundación de Cultura Árabe que se persona como acusación popular, afirmando que se trata de un “homicidio voluntario agravado por odio racial”; y etc. etc. de oídos sordos a nuestro indignado clamor sobrado de razón. La fiscalía propone ahora que el asunto no se cierre y es un acierto, pero ya no podremos evitar que hayan acabado con la vida de otro muchacho.

    Ocurrió en los centros de Ginso, nadie nos cuenta lo que ocurre en otros centros. Cómo se puede tolerar que hayan privatizado la ejecución de encierros y castigos que el Estado impone a los menores infractores: unos ciudadanos castigando a otros ciudadanos por dinero. 

    Todavía quiero llamar la atención sobre otro “detalle”. Esta muerte ocurrió hace un año ya. Y hasta ahora ni pío, a nadie pareció interesar. Ahora nos la airean para legitimar de modo indirecto que están a punto de promulgar otra Ley referente a Menores. Otra vuelta de tuerca nos tememos. 

Enrique Martínez Reguera.
Madrid, junio de 2020

Foto: Marcos Moreno.