Un
policía de Mineapolis da muerte a George Floyd, ciudadano negro,
aplastándole el cuello con su rodilla hasta asfixiarlo. Y millones de
personas de todo el mundo, con sobrada razón indignadas, se echaron a la
calle reclamando justicia.
En España, en
Almería, seis matones embrutecidos, que paradójicamente prestaban
servicio en Protección de Menores, dieron (presuntamente) muerte por
aplastamiento, a un muchacho de 18 años, Iliass Tahiri, asfixiándolo
rodilla incluida como en Minesota, cuando lo tenían boca abajo, atado de
pies y manos, absolutamente inmovilizado e indefenso. Y para mayor
pasmo lo justifican diciendo que siguieron un protocolo antisuicidio
“para impedir la violencia del interno contra sí mismo”. Evitan el
suicidio matándolo.
En un centro gestionado por Ginso,
una asociación que subrayan “sin ánimo de lucro”; a la que habían
llovido ya denuncias y siguieron otros casos como el de Ramón Barrios,
víctima en Madrid de similar “protección”; ¿qué otro ánimo debemos
suponerle a tales fechorías si no es por afán de lucro?
Pero lo más preocupante es, que la Junta de Andalucía
seleccione en concurso servidores de semejante calaña; que la juez de
Purchena (Almería) se apresure a archivar el caso como algo
“accidental”; que el forense, hable de “signos generales de asfixia muy
evidentes” y se enmiende luego, como probable “fracaso
cardiorrespiratorio”; que el consejero de justicia responsable de los
centros de menores infractores nos recomiende, no la indignación que el
caso requiere, sino “delicadeza”; o que al defensor del pueblo y
defensor del menor no se le ocurra otra defensa, que recomendar la
creación de un libro registro de incidencias ¿pretenderá que registren
por escrito las presuntas torturas o pretenderá que acierten a excusarse
mejor?
Los que no entendemos tal barbarie nos sentimos inclinados a pensar que todos ellos son insanamente proclives a eufemismos cómplices.
Haciendo oídos sordos al clamor de un muchacho, Tarek, que relató
cómo le torturaron durante tres horas y media; y oídos sordos al exjefe
de seguridad, a quien le exigían firmar en falso que una inmovilidad
había durado hora y media cuando había durado cuatro; y a los muchachos
internos a quienes mintieron diciéndoles que Iliass había muerto por
consumir cocaína; y a la Fundación de Cultura Árabe que se persona como
acusación popular, afirmando que se trata de un “homicidio voluntario
agravado por odio racial”; y etc. etc. de oídos sordos a nuestro
indignado clamor sobrado de razón. La fiscalía propone ahora que el
asunto no se cierre y es un acierto, pero ya no podremos evitar que
hayan acabado con la vida de otro muchacho.
Ocurrió en los centros de Ginso, nadie nos cuenta lo que ocurre en otros
centros. Cómo se puede tolerar que hayan privatizado la ejecución de
encierros y castigos que el Estado impone a los menores infractores:
unos ciudadanos castigando a otros ciudadanos por dinero.
Todavía quiero llamar la atención sobre otro “detalle”. Esta
muerte ocurrió hace un año ya. Y hasta ahora ni pío, a nadie pareció
interesar. Ahora nos la airean para legitimar de modo indirecto que
están a punto de promulgar otra Ley referente a Menores. Otra vuelta de
tuerca nos tememos.
Enrique Martínez Reguera.
Madrid, junio de 2020
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| Foto: Marcos Moreno. |
