Los chavales “no acompañados” que acoge el Centro de Hortaleza,
cuando llegan, son muchachos pletóricos de expectativas y acometividad; que han
atravesado países y mares jugándose la vida, casi siempre con la loable
intención de ayudar a sus familias, sin más recursos que su ingenio y valentía.
Es evidente pues que no necesitan de especial tutelaje, lo que
de verdad necesitan es que se les respete, que se reconozca de forma legal su
indiscutible existencia; y que necesitan oportunidades de ganarse la vida, que
si las hay serán legales, e ilegales si no las hay, porque el comer sigue
siendo una necesidad por más que se le niegue el derecho.
Es falso que nos quiten puestos de trabajo, porque el
trabajo que se les encomienda es en condiciones de esclavitud, sin derecho
alguno, que para eso se les tiene sin papeles. Es falso que hagan peligrar
nuestra cultura y nuestras buenas costumbres, muchos extranjeros que alcanzan
nuestras costas son portadores de una ancestral y envidiable cultura familiar.
Y si a veces acaban destrozados, es víctimas del tutelaje.
Cada vez es más indignante la intervención que ejerce la Administración
sobre los llamados “Menores” y de modo especial sobre los “no acompañados”:
Para colmar tan errático intervencionismo don Ángel Garrido,
presidente de la Comunidad de Madrid, amenaza ahora con denunciar ante la
fiscalía a cualquier alcalde, asociación o particular
que revele el destino de los muchachos inmigrantes no acompañados.
En nuestra cultura de occidente los niños siempre han sido
de sus padres con los únicos límites que advierte el Derecho Penal.
Cuando acaeció la revolución bolchevique estalló el debate
sobre si la descendencia es un bien de los progenitores o es un bien del Estado.
En vista de que algunos padres no pueden o no saben atender adecuadamente a sus
hijos, la Ley de Protección Jurídica del Menor decidió estatalizar el asunto:
los niños que no están bajo protección de su familia están, bajo la protección
del Estado.
Pero ¿quién le ha dicho al señor Garrido, presidente de la Comunidad
de Madrid, que la ciudadanía no somos parte del Estado? ¿quién le ha dicho que
el Estado sólo es él y la Administración? ¿que disponen de poder a su antojo
para privar a los ayuntamientos, a las asociaciones o a los simpes particulares
del derecho a la solidaridad?
La legislación española contempla “la solidaridad humana como
un bien jurídico directamente protegido” y advierte que es suficiente conocer
una situación de riesgo para gozar del Derecho y Deber de socorro.
Llevamos demasiado tiempo comprobando que poner a los chavales
en manos de la Administración, que a su
vez los pone en manos de ONG, de fundaciones y empresas con afán de lucro, tampoco
está atendiendo la necesidad y derecho de esos muchachos de reconocimiento
legal; tanto más cuanto que recomiendan atenderles de modo distante y
autoritario, eludiendo los gestos habituales de la sociabilidad.
Desconozco el lugar a donde se les haya enviado o se les vaya
a enviar, pero en cuanto ese dato llegue a mi conocimiento me sentiré
absolutamente libre para darlo a conocer a quien juzgue conveniente, como
particular, como mero ciudadano que soy.
Y que nos denuncien por ser normales, esto es, por ser
sociables y por ejercer nuestro derecho y deber de socorro.
Enrique Martínez Reguera
Madrid, diciembre de 2018
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